En el país de la transparencia opaca.


Una de las urgencias que debemos priorizar, aquellos que fuimos testigo más o menos activos de la llegada de la democracia a nuestra querida España, es el de la defensa de las libertades y derechos que tantos esfuerzos y vidas costó. Los que ahora gobiernan, ya por edad, ya por estar al lado del dictador en su más amplia mayoría, entienden que los derechos conquistados son como los vales de las ofertas que suelen regalar en los supermercados y cuyas condiciones y fecha de caducidad se relatan en letra tan pequeñita, que de leerla nos parece una engaño.

Nuestro deber es enseñar a los jóvenes que quién coharta libertades es un reaccionario y el que expresa que hay que acabar con “las aberraciones de la libertad de expresión” no puede ser considerado un democráta, sino todo lo contrario.

En general, el actual gobierno va a golpe de decreto ley, disminuyendo el papel del legislativo. Cada decretazo ha venido a empeorar las condiciones de vida de los españoles, a tomar el camino contrario de la regeneración democrática que tanto se anunciaba, a aumentar el número de los que viven del bote y a indultar a cuantos fueron imputados por cuestiones relacionadas con delitos económicos, lo que viene a concluir que, estos delincuentes, lo eran al servicio del partido y su red de financiación ilegal.

Gallardón pretende convertir en delincuentes a los que se manifiestan activa y pacíficamente a penas de hasta cuatro años y, ahora, el flamante director general de la policía, bajo el argumento de la seguridad de los agentes, piden que se prohíba la toma de imágenes de las acciones de las unidades antidisturbios. “Igualico, igualico que el difunto de su agüelico”, que decía en Agamenon, personaje del dibujante Nené Estivill para Tio Vivo.

El agüelico, en este caso, es el dictador Francisco Franco, que no dudaba que se informaran de los altercados producidos en manifestaciones en todo el mundo para demostrar al público que la paz gobernaba en España y, a la vez, censuraba las actuaciones policiales españolas contra los opositores a la dictadura en los medios tutelados por ella.

La medida prohibitiva, siempre por el bien supremo de la nación, claro está, pretende buscar un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y el de las fuerzas armadas. Para ello, estos artistas del subterfugio y el eufemismo, “prohibirá la captación, tratamiento o difusión en internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones si ponen en riesgo su persona o la operación en la que están trabajando”, leo en Público.

A todo esto, afirman, que lo que se persigue no es dinamitar la libertad de expresión, ni se va a prohibir la captación de imágenes de las manifestaciones, sino preservar la imagen de los agentes y sus familias. Es decir, será todo lo contrario de lo dicho por Coisidó. Lo que quieren con esta reforma de la Ley de Seguridad es convertir en callejones las amplias avenidas de la libertad e irnos encarando cada vez más a una sociedad hipócrita, fascistoide y desinformada, porque poseen la mayoría o la totalidad de los medios de comunicación, pero se les escapa la Red, aprovechémonos de ella pues se han propuesto ser sus enterradores.

Pedro Peinado, Serranía de Cuenca, 19 de octubre de 2017

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